jueves, 31 de marzo de 2011
EL SISTEMA POLÍTICO SIRIO
Tras lo acontecido en Libia recientemente y dadas las constatables revueltas en el mundo árabe, he considerado interesante dedicar un análisis al sistema político sirio, cuyo Gobierno ha dimitido recientemente habiendo desplegado sus fuerzas de seguridad para reprimir violentamente a los manifestantes causando alrededor de 100 muertes de civiles inocentes, según los medios de comunicación. Para este análisis seguiré un esquema muy similar al artículo publicado recientemente y titulado ``Del Libro Verde a la verdadera soberanía popular´´ que versa sobre el sistema político libio, si bien notaréis, conforme avancéis en la lectura, que existen notables diferencias entre ambos regímenes, a pesar de que la cantidad de reformas que hacen falta para que Siria adopte un verdadero régimen democrático me permitirá comparar el régimen político actual y las necesarias reformas.
El Estado sirio, en rigor, se llama República Árabe Siria. Nombre que ostenta desde el año 1963 y cuyo nombre completo es República Democrática, Popular y Socialista, según la Constitución que fue votada en referéndum y aprobada en 1973. Siria es Estado miembro de la Liga Árabe y de Naciones Unidas y profesa un régimen confesional, ya que el Islam es la religión mayoritaria, pues así viene reconocido en la citada Constitución.
En el presente análisis vamos a abordar su actual Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, su sistema de partidos, el sistema electoral, la división territorial del poder, su Constitución, su peculiar separación de poderes, su situación socio-económica y las consiguientes recomendaciones a cada uno de estos asuntos.
Poder Ejecutivo
El poder ejecutivo actualmente en Siria lo detenta el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, elegidos cada siete años. El sistema de Gobierno encaja más dentro de un sistema presidencialista que dentro de un sistema parlamentario, así, el Presidente tiene poderes para nombrar y destituir a los vicepresidentes, al Primer Ministro y a los ministros, posee facultades para declarar la guerra y proponer las leyes al Poder Legislativo. Es, además, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Secretario General del Partido Árabe Socialista (Baaz)—partido que está actualmente en el Gobierno—y Presidente del Frente Nacional Progresista, cuya naturaleza explicaré más adelante en el apartado referente al sistema de partidos sirio. En la elección presidencial de 2007, el referéndum otorgó la victoria con un 97% de los votos a favor a Bashar al-Assad. En referencia a este peculiar sistema de elección hablaremos en el apartado que tratará sobre la celebración de elecciones y veremos que no estamos hablando, precisamente, de un sistema democrático.
Hay muchas cosas que chirrían en el Poder Ejecutivo sirio, pero no por la cantidad de poder que aúna el mismo Presidente, pues como sabéis hay mucho sistemas presidenciales democráticos que funcionan perfectamente y dentro de las normas democráticas, como es el ejemplo por excelencia: EEUU. El Poder Ejecutivo sirio chirría por la forma de acceder a éste que tienen los partidos políticos que concurren en la elección presidencial aunque, como veremos más adelante, se trata de un único partido que aglutina a muchos pequeños partidos. Además, el sistema electoral no es ni proporcional ni mayoritario, sino que es un sistema peculiar donde las normas democráticas de voto libre, igual, directo y secreto no se respetan o directamente no se salvaguardan ni se practican por parte del Estado. La reforma que conviene urgentemente es la de bajar los años de mandato de siete a cuatro, como la mayoría de las democracias del mundo, pues ello favorecería la alternancia política que siempre es más sana para el sistema y para la sociedad en su conjunto. Aun así, mi recomendación sería la transición de un sistema presidencial a uno más semi-presidencialista, debido a la tradicional acumulación del poder en una única persona y dada la carencia en materia democrática que presenta Siria.
Poder Legislativo
He separado este poder del anterior por hacer más estructurado el análisis, pero podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que en Siria el Poder Ejecutivo controla igualmente el Poder Legislativo. El partido político Baaz—partido al que pertenece el Presidente— y el Frente Nacional—partido que preside el Presidente y que aglutina varios partidos políticos—integran la Asamblea del Pueblo o Parlamento, que controla directamente el Presidente de la República, ya que el Poder Ejecutivo se reserva la mayoría de las potestades legislativas y de revisión de las actividades del Legislativo. Dentro de este poder, podemos incluir los Consejos de Administración Local, que son los órganos de gobierno de las demarcaciones administrativas territoriales que abordaremos en el apartado llamado Distribución territorial del poder. Por ello, el legislativo sirio es unicameral, ya que sólo existe el Parlamento como cámara legislativa.
Mi recomendación en este asunto, como no podía ser de otra manera, es la tajante separación de poderes, sin que ello menoscabe el control recíproco de legislativo sobre ejecutivo y a la inversa, dentro de un sistema semi-presidencialista, como he dicho en el apartado anterior. El Poder Legislativo necesita una clara delimitación en Siria que lo independice de los deseos del Ejecutivo, donde otras fuerzas políticas puedan sacar adelante sus iniciativas por medio del voto y estableciendo un sistema de mayorías: absoluta, cualificada y simple.
Sistema de Partidos
El sistema de partidos de Siria es muy particular. De hecho, es lo que en ciencia política llamamos partido único. Está permitida la participación de otros seis partidos políticos menores—aparte del Partido del Renacimiento Árabe Socialista, más conocido como Baaz—pero todos ellos integran, con éste último a la cabeza, el Frente Nacional Progresista (FNP). Esto nos indica que no hay libertad de partidos y, para más inri, el partido Baaz gobierna en Siria bajo el estado de emergencia desde 1963, así, para los que no lo sepan, el Estado se reserva el derecho de restringir ciertos derechos ciudadanos. Parece que las últimas informaciones dicen que ha levantado esta categoría, aunque se habla ya de ``post-estado de emergencia´´ en sentido sarcástico, claramente.
Yo creo que sería beneficioso para Siria un sistema de partidos multidimensional, abandonando el partido único, que restringe la representación de los intereses de los ciudadanos y ampliando, a tantas fuerzas políticas como deseen, la posibilidad de representar a los ciudadanos, siempre dentro de la defensa de los principios democráticos. Lo cierto es que Siria presenta una sociedad más bien heterogénea, con una población de más de 21 millones de habitantes, que, aunque la mayoría son de origen árabe (90% aproximadamente) la cuestión confesional es complicada, pues dentro de la imperante religión islámica en el territorio, existe la ortodoxia sunnita, pero también están los drusos, alawitas, chiítas e ismailitas. Y, además, aunque minoritariamente, está la presencia de otras confesiones como es la cristiana y dentro de ésta: ortodoxos, maronitas, católicos de rito armenio y siríacos. De otro lado, tenemos la dimensión lingüística que siempre puede hacer renacer la dimensión identitaria, aunque el idioma oficial y predominante es el árabe, en la parte oriental de Siria es el kurdo. También están los que hablan armenio y/o los que hablan el turcomano, además del arameo y/o el azerbayano o el circasiano. De modo que estamos ante una realidad compleja, seguramente infrarrepresentada por falta de libertad política.
Sistema electoral
El sistema electoral es complejo. Las elecciones presidenciales responden a la siguiente dinámica: el candidato debe recibir el apoyo de una mayoría cualificada de la cámara (dos tercios de los miembros). Después, el candidato así elegido, debe someterse a referéndum popular y obtener, al menos, la mitad más uno de los votos favorables. Con lo cual, estamos puramente ante una elección directa pero cuya elección se debe primordialmente a la elección que haga el Parlamento, con lo cual, al Presidente no lo elige el pueblo realmente, sino que lo eligen sus secuaces, por lo que podrían evitarse toda la parafernalia anterior porque ello no legitima al candidato. De este modo, el candidato nunca se enfrenta a otros candidatos u otros partidos, sino que las opciones son elegirlo, o elegirlo, porque según la comunidad internacional siempre se amañan los resultados.
El sistema electoral que yo propondría en Siria, siendo que para ello doy por hecho que haya separación de poderes y libertades políticas, sería el proporcional. La razón radica en la explicación sobre la heterogeneidad de la población que compone este país. Creo que con los antecedentes con los que cuenta Siria, sería peligroso establecer un sistema electoral mayoritario. Un sistema proporcional promovería la presencia de todas las formaciones políticas que resultaran elegidas en los comicios legislativos y en función de los votos, su presencia sería mayor o menor a modo de fiel reflejo de los intereses de la población.
División territorial del poder
La división territorial actual de Siria es la siguiente: se compone de 14 provincias o gobernaciones—llamadas muhafazat—divididas en 60 distritos o manatiq, y estos se subdividen a su vez en subdistritos (nawahi), estos se componen de villas o ciudades que son las unidades administrativas más pequeñas. Por lo tanto, y si lo comparamos con los tres niveles de España, que ya son complicados en materia de distribución competencial, estaríamos hablando de un país con una necesaria descentralización administrativa, ello viene justificado también por la heterogeneidad social de la que hablábamos más arriba. Sin embargo, creo que sería necesario conservar la unidad del Estado, ya que un sistema federal sería demasiado complicado en una democracia tan joven como la que representaría Siria. Es importante que, al menos al principio, se establezca el sistema unitario con un cierto ápice de descentralización, en ámbitos que no supongan un entorpecimiento para el normal funcionamiento de la democracia.
Constitución
La Constitución actual de Siria data de 1973, aprobada por medio de referéndum. Sin embargo, el constitucionalismo sirio no empieza en esta fecha, sino que la primera constitución se promulgó en 1930, es decir, incluso antes de su independencia de Francia. Su actual Constitución define Siria como un Estado socialista secular, reconociendo al Islam como religión mayoritaria. Es llamativo como se define en la Constitución la ideología del Estado, el socialismo árabe, con lo cual partimos de una represión a la libertad de pensamiento, ideología y creencias, a pesar de que se hace gala de la igualdad ante la ley, la libertad religiosa o la propiedad privada.
Yo opto por que se cambie la Constitución actual por una nueva, en la cual quede constancia por escrito el catálogo de libertades democráticas y, un aspecto que me parece clave, que es la rigidez a la hora de reformarla.
Tras este análisis, espero que no se cumpla la profecía, como me ocurrió cuando escribí las reformas que debía acometer Libia para convertirse en una democracia real, y es que espero y deseo que el Gobierno de Siria retome el control—pero sin establecer la represión—y marche por el camino de la transición a la democracia. De momento, y volviendo al inicio del artículo, podemos saber, gracias a los medios de comunicación, que el Gobierno ha presentado su dimisión. Respecto a las conjeturas sobre una posible intervención militar por parte de la comunidad internacional y en caso de que se empezasen a cometer verdaderos crímenes de lesa humanidad (como ha ocurrido en Libia) siendo que ya ha habido represión por parte de las fuerzas armadas por orden del Presidente, quiero hacer referencia a algunas características socio-económicas en Siria, sin ánimo de alentar conjeturas. La economía de Siria está basada en la extracción de petróleo, aunque su producción interna es deficitaria. Las principales refinerías se hallan en Homs y Baniyas. También posee reservas de gas natural, sal gema y fosfatos; pero, lo que sin duda son sus fuentes de grandes ingresos, son los derechos de paso de petróleo foráneo por sus oleoductos. Veremos qué ocurre en las próximas semanas en relación a la cesión a las demandas de los opositores al régimen.
lunes, 28 de marzo de 2011
La reforma de la pensión de jubilación
Ante la aprobación del proyecto de ley de reforma de las pensiones por el Consejo de Ministros el pasado viernes 25 de marzo, me he decidido a realizar un análisis comparativo de lo que va a significar la reforma en líneas generales. Todos sabemos la polémica que ha surgido a raíz de la elevación de la edad de jubilación, pero, además de existir más reformas que esa en concreto, muchos se escandalizan de la propuesta y se manifiestan en contra sin saber cómo ni por qué se ha tomado esta iniciativa.
Para comprender mejor la reforma, he pensado que lo más lógico sería ofreceros un cuadro comparativo de las claves de la misma, donde se trate lo vigente—según la Ley General de la Seguridad Social de 1994—y lo que se pretende reformar en base a ello, apoyándome en un documento extraído de El País, cuyo autor confío en que haya podido tener a su disposición el citado proyecto de ley para elaborarlo, ya que yo no estoy autorizada para ello.
Las claves de la reforma son las siguientes:
| | Ley General de la Seguridad Social 1994 | Proyecto de Ley de reforma de las pensiones 2011 |
| Edad de jubilación | 65 | 67 |
| Jubilación anticipada | Podrá rebajarse a la edad establecida, siempre que se tenga un mínimo de 15 años cotizados. | A partir de los 63 años, siempre que se tengan 33 años cotizados. Introducción de jubilación para situaciones de crisis. |
| Prolongación voluntaria de la carrera | Aquellos que opten por ello, cobrarán más pensión una vez se jubilen. | Se mantiene |
| Años de cotización para cobrar la pensión máxima | 35 años | 38 años y 6 meses |
| Años que computarán para calcular la base reguladora | 15 últimos años | 25 años |
El primer dato que ha escandalizado a la población es la elevación de la edad de jubilación. Como vemos en la tabla informativa, los actuales 65 años que se necesitan cumplir para poder acceder a la jubilación se elevarán a 67. El cambio no será de forma drástica, como era de esperar, sino que tal realidad se acometerá en el año 2027, añadiendo a razón de un mes por año hasta el año 2018 y a razón de dos meses por año desde 2019 a 2027. Con lo cual, la reforma se realizará de forma progresiva y no va a consistir en ninguna aberración para aquellos que ven próxima su jubilación.
Respecto a la cuestión de la jubilación anticipada, lo ``pernicioso´´ es la elevación de años cotizados que se exige para poder acceder a ella, pasando de los 15 vigentes o a los 33 que se exigirán si dicha reforma sale adelante. Actualmente, para poder acceder a la jubilación anticipada, además de la exigencia de los años cotizados, la edad de los 65 años puede ser rebajada en casos de trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. También se contemplan casos de discapacidad del 65% y 75%, pero no pudiendo ser accesible para personas con una edad inferior a los 52 años. En el proyecto de ley de reforma de las pensiones se contempla la jubilación anticipada para situaciones de crisis, esto incluye: despidos por causas económicas, concurso de la empresa, muerte o jubilación del empresario, causas de fuerza mayor y despidos derivados de casos de violencia de género. ¿Entraña esto un peligro? ¿Sería injusto no contemplarlo? Quizá haya que adecuarse a los tiempos, pero no sé si acogerse a la jubilación anticipada es la mejor opción para las arcas públicas.
En referencia a la prolongación voluntaria de la carrera, en este aspecto hay poco que decir, como no podía ser de otra manera, porque sino sería una injusticia, quien más cotice más cobrará de pensión una vez se jubile. Creo que mantener esta modalidad es positivo para incentivar que aquellos que se encuentren en condiciones de seguir trabajando, más allá de los 67 años, lo hagan si es lo que desean.
En relación a los años de cotización para cobrar la pensión máxima, resulta evidente que con la elevación de la edad de jubilación y con ello los años cotizados, pasemos de 35 años a 38 años y 6 meses para cobrar la pensión máxima. Creo que esto es algo que no merece discusión porque no sería lógico, e incluso sería contraproducente para el Estado, que los años de cotización para cobrar la pensión máxima no aumentasen como lo hace la edad de jubilación o los años de cotización mínimos exigibles para acceder a la misma.
Por último, respecto a los años que computarán para calcular la base reguladora, sabemos que la ley vigente se basa en los 15 últimos años de la carrera laboral del cotizante y que la reforma supone una elevación a 25 años, lógicamente realizándose—una vez entrase en vigor—a razón de un año desde 2013 hasta 2022. Por cuestiones de falta de recursos oficiales, debo decir que para mi resulta clave saber de qué 25 años estamos hablando, porque lo que a mi juicio sí era urgente reformar era el cómputo sobre los 180 últimos meses anteriores a la jubilación, pues aquello de que el Estado decida que ello es lo más conveniente me plantea dudas respecto de la conveniencia según para quién. Nadie asegura que en los quince últimos años de la carrera profesional de una persona sean aquellos en los que más se cotice, eso puede ser así o puede ser que no. A las arcas públicas les vendría muy bien que la base reguladora se calculase en base a los años de menor cotización, pero al cotizante, dado que vive en un Estado de Bienestar, le convendría que la base reguladora se calculase en base a los años que más ha cotizado y puede que estos no se incluyan entre los 15 últimos como hasta ahora. Como digo, desconozco si los 25 aplicables con la reforma siguen tratándose de los últimos años inmediatamente anteriores a la jubilación, pero de ser así me parece injusto para el contribuyente que no tiene ninguna culpa de que en los últimos años de su vida laboral sus ingresos se hayan visto mermados por la causa que fuere. Debo decir que no sé qué sistema deberían idear para que el cómputo fuese lo más justo para el pensionista y, a la vez, el menos pernicioso para las arcas públicas, intuyo que el lector pensará que soy muy idealista, pero creo que este sentido es el que debe seguir un verdadero Estado de Bienestar.
Para finalizar, y respondiendo al revuelo que han causado estas reformas entre la sociedad española, diré que Europa entera comparte esta iniciativa, que considero necesaria para un sistema de pensiones que, de no acometer estas reformas, creo que peligraría su normal funcionamiento. Y, apoyo la justificación que, por cierto, es inequívoca, de que España, como el resto de los países de la Unión, tiene una población cuya esperanza de vida—gracias a la multitud de avances en investigación médica—va en aumento, situándose actualmente alrededor de los 82 años. Creo que ello nos capacita para asumir dos años más de vida laboral, contribuyendo al sostenimiento del sistema de pensiones que, al fin y al cabo, también es nuestra responsabilidad.
miércoles, 23 de marzo de 2011
Distorsión moral juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco
La razón de este artículo nace de la conmovedora conferencia a la que asistí ayer organizada por la Asociación Valenciana de Politólogos, cuya ponente fue Doña Gotzone Mora Temprano y cuya temática, como no podía ser de otra manera, era ilustrarnos a nosotros, los afortunados asistentes, acerca de la situación del terrorismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la afectación que tiene ello en el resto del Estado español y su Gobierno central. Debo decir que la conferencia fue muy ilustrativa y que me enriqueció enormemente, sin embargo, este artículo quiero centrarlo principalmente en el análisis de un documento que la ponente nos dio a conocer y que se titula ``Retratos de Juventud 14 - Cultura Democrática´´, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco y cuya publicación es periódica.
De este documento vamos a desarrollar una percepción de la situación sociopolítica vista por los jóvenes vascos, prestando atención a los principales resultados de este estudio de campo. Lo que vamos a preguntarnos a lo largo de todo el artículo es si es buena o deseable la percepción sociopolítica que desprenden los jóvenes vascos. Partimos de la hipótesis de que los jóvenes vascos están impregnados por el miedo que se ha ocupado de extender el terrorismo etarra entre la sociedad de su territorio original. Además, tienen una visión distorsionada de la democracia, de ambas hipótesis, perfectamente complementarias, se justifica el título de este artículo. Veremos si al concluir pueden Uds. también corroborar esta hipótesis apoyándose en los datos que les voy a ofrecer a continuación, procedentes del estudio de campo anteriormente citado, que data de noviembre de 2010.
Empezaremos por un dato curioso: la confianza interpersonal. Un 60% de los encuestados dice estar de acuerdo con la idea de que ``Nunca se es lo bastante prudente´´, frente a un 34% que piensa que ``Se puede confiar en la mayoría de la gente´´. Esto nos indica claramente que los jóvenes vascos son bastante desconfiados respecto de sus conciudadanos. Primer dato preocupante a mi juicio. Pero, profundicemos más en el asunto. En la pregunta que versa sobre tolerancia vecinal, cualquier español estaría aterrorizado—nunca mejor dicho—de tener un vecino miembro de ETA, quien piense que no, por favor, le exhorto a que se manifieste haciendo un comentario al final de este artículo, dudo mucho que exista quien lo haga. El caso es que a los jóvenes vascos les importa un 55% tener un vecino miembro de la banda terrorista ETA, menos que lo que les importa tener por ejemplo como vecino a un extremista de derecha (62%), cuando todos sabemos que en el País Vasco el terrorismo se practica más por ETA que por otro movimiento ciudadano como puedan ser los extremistas de derecha. Notemos que los amenazados/as por ETA sufren casi el mismo rechazo que los miembros de la banda, pues al 51% les preocupa tener de vecino a un amenazado de ETA, lo cual es, cuando menos, preocupante, lógicamente en el sentido del acorralamiento que sufren los amenazados. Aunque parezca una obviedad decirlo, entendemos, lógicamente, que el miedo a un atentado terrorista en el caso de tener un vecino que esté amenazado por ETA es mayor y justificamos este porcentaje por esta razón.
Estos datos son más preocupantes si cabe, cuando conocemos datos sobre la opinión de los jóvenes acerca de la violencia de ETA. En esta pregunta, el 42% dice estar ``Muy de acuerdo´´ en que ``La acción de ETA es una vulneración de derechos humanos´´, veamos que el miedo llega hasta tal punto que aunque casi la mitad de la población sea consciente de que está habiendo una enorme vulneración de los derechos humanos, la gente se preocupa de vivir cerca de un amenazado de ETA. No estamos dudando del comprensible miedo que ello supone, sino de que estamos ante un pueblo amedrentado con poco o ningún margen de maniobra frente a la opresión terrorista, llegando a conseguir que aquellos que piensan que la banda vulnera los derechos humanos se consienta a si mismos acorralar a aquellos que están amenazados por ETA. Huelga decir que hablo desde la distancia y que seguramente yo también sería víctima de ese miedo, pero ello no me impide denunciar esta situación y llamar a corregirla, al menos por parte de aquellos que deben velar por la seguridad y la buena convivencia, es decir, el Gobierno y la Administración, en todos sus niveles.
Ante toda esta avalancha de <<malas noticias>> os ilustro que quedan esperanzas en la humanidad, y que el 46% de los jóvenes vascos dice estar ``Muy de acuerdo´´ con que ``Las víctimas de cualquier acción terrorista merecen nuestro apoyo´´, es triste tener que remarcar esta información como algo extraordinario, lo sé, pero creo que es bueno comentarlo para no llevarnos a equívocos. En la misma línea, el 44% de los jóvenes encuestados está ``Muy en desacuerdo´´ con la afirmación de que ``En ocasiones, los actos terroristas pueden estar justificados´´, podríamos decir que echamos de menos un porcentaje mayor, pero celebramos que sea éste el porcentaje mayoritario, frente al 5% y 7% que estarían ``Muy de acuerdo´´ y ``Bastante de acuerdo´´ con esta afirmación, respectivamente, lo cual, aun tratándose de un porcentaje minoritario, nos resulta lamentable.
Estas eran las cuestiones que me han llamado a calificar a la juventud vasca, siempre reconociendo que estamos generalizando y justificando dicha afirmación a través de los resultados de esta encuesta, como personas que padecen una distorsión moral de la democracia. Todos sabemos lo que significa vivir en un régimen democrático, creo que entre la sociedad vasca, en este caso entre los jóvenes, existe una carencia democrática, que es la de asegurar y preservar la seguridad, la paz y la libertad. Los resultados de esta encuesta nos llevan a lamentar una situación que calificamos de distorsión moral provocada por el miedo que inunda a la sociedad en su conjunto. No es para nada lógico que porcentajes como ser vecino de un miembro de ETA y ser vecino de un amenazado por ETA sean casi iguales, es decir, que da tanto miedo vivir cerca de un terrorista como de una víctima. Mi pregunta es la siguiente: ¿es esto normal en una democracia? ¿Debería ser diferente? Está claro que el miedo obedece a razones distintas, pero cuando el miedo te lleva a situarte casi más cerca del terrorista que de la víctima, estamos ante un problema serio. Con ello, no estoy llamando cobardes a aquellos que no quieren vivir cerca de un amenazado por ETA, no me cansaré de repetir que entiendo su miedo pero que este sentimiento hay que cambiarlo porque no creo que sea un sentimiento normal en un Estado democrático donde la violencia no puede ni debe tener un espacio de actuación. Sin embargo, y lamentablemente, la actitud de los ciudadanos no es suficiente para cambiar este panorama, necesitamos unos Gobiernos, repito, en todos sus niveles, es decir: Administración central, autonómica, local; Gobiernos de las tres esferas; jueces; abogados; leyes, comprometidas con la causa todos ellos y capaces de cambiar esta entristecedora situación.
lunes, 21 de marzo de 2011
¿Cruzada colonialista de Occidente u Odisea al Amanecer?
Cuando redacté el estudio referente a las reformas que deberían acaecer en Libia para que su sistema político dictatorial pudiese trascender a una democracia, no imaginé que tal fin tuviese que pasar inexorablemente por los medios que actualmente estamos viviendo: la intervención militar en Libia, autorizada por la ONU y a la que se han sumado Francia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí; y, Marruecos, Jordania, Suecia y Turquía, que muestran una posición más prudente. El dictador Gaddafi ha titulado tal intervención de Cruzada colonialista de Occidente. Pero, ¿tiene alguna justificación tal denominación? ¿Hace bien España uniéndose a la intervención militar en Libia? ¿Qué consecuencias podría traerle a Occidente dicha intervención? ¿Hasta qué punto les interesa a estos países el peligro que corren los civiles inocentes víctimas de los bombardeos del régimen libio? Y, una de las cuestiones más cruciales: ¿es esta intervención el medio para lograr la marcha definitiva de Gaddafi?
Son muchísimos los interrogantes que se esconden detrás de esta resolución de Naciones Unidas. En este artículo se pretenderán desmenuzar los entresijos de la intervención militar en Libia, así como la opción de abstenerse que han manifestado tantas otras potencias, como por ejemplo: Alemania, China, Brasil, India y Rusia. En el presente artículo viajaremos de la teoría de la resolución 1973 de la ONU a los posibles intereses de Occidente en la zona y las estrategias contrarias que están empleando unos y otros países para conseguir posiblemente el mismo fin.
Sin ambages, la historia geopolítica nos lleva a partir de la hipótesis de que Occidente no habría intervenido de no tratarse Libia de un país con grandes recursos petrolíferos. Además de la situación de guerra civil que necesita la ayuda de la comunidad internacional, existen intereses energéticos tanto para intervenir como para no hacerlo.
Para argumentar dicha hipótesis nos apoyaremos en la Resolución 1973 de la ONU, las estadísticas oficiales ofrecidas por la Agencia Internacional de la Energía (de ahora en adelante, AIE) y las noticias de prensa de distintas fuentes y colores que aporten información al respecto. Analizando punto por punto la resolución pretendemos contrastar la misma con los hechos reales que están ocurriendo actualmente respecto a lo que se dice explícitamente en la resolución en materia de intervención militar, para así poder decir con conocimiento de causa que los actos por parte de los aliados se exceden o no de lo que dicta la resolución, qué hay detrás de una intervención militar que se dudó o llegó tarde en casos como Ruanda, Somalia, Bosnia, Kosovo, Darfur o Zimbabue durante la década de 1990 o retractarnos admitiendo que la intervención se ciñe al fin perseguido por lo dictado en la resolución 1973, que realmente dicha intervención asegura el cese de los bombardeos contra civiles inocentes por órdenes del dictador Gaddafi y la expulsión de éste, aunque ello no se incluya en el motivo de la intervención.
Los puntos clave de la Resolución 1973 de la ONU son los siguientes:
- Alto el fuego y fin de la violencia, ataques y abusos contra civiles
- Respeto al derecho internacional humanitario, derechos humanos y asistencia humanitaria.
- Protección de civiles, excluyendo la ocupación extranjera en cualquier parte del territorio de Libia.
- Zona de exclusión aérea: prohibición de vuelos en el espacio aéreo de Libia.
- Embargo de armas
- Congelación de activos y puesta a disposición del pueblo libio.
Tras conocer muy sintéticamente las claves de la autorización de la ONU, veamos qué dice la prensa de la actuación de aquellos países que sí han decidido sumarse a la intervención.
· 20 minutos titula: ``EE UU y Gran Bretaña han lanzado 112 misiles de crucero contra los sistemas antimisiles libios y alcanzado alrededor de 20 objetivos, según el Pentágono.´´ y ``Estos ataques habrían dejado medio centenar de muertos en las primeras horas de ofensiva aliada.´´ ¿Habrá, de entre estos, civiles inocentes?
· El País dice: ``Los ataques consiguen eliminar a la mayoría de los sistemas de defensa aérea de Libia.´´
· El diario El Mundo va más allá y abre el debate sacando a la luz la siguiente información: ``Tras los ataques EEUU asegura que no hay víctimas civiles. Este balance contrasta con el del Gobierno libio, que recogía 64 muertos y 150 heridos.´´ ¿Cuál es la versión real?
· Libertad Digital: ``Gadafi dispara contra la coalición. Combates en Trípoli mientras el Ejército libio ordena otro alto el fuego´´
Tenemos información para todos los gustos. Algunos medios se limitan a narrar los hechos con detalle, otros contabilizan ya las víctimas producto de la intervención, nosotros nos preguntamos si entre esas víctimas habrán civiles inocentes, pero a la vez tenemos muy presente que no intervenir también habría sido un continuo rio de sangre entre los mal llamados ``rebeldes´´. Otros medios se muestran esperanzados ante la intervención y celebran las consecuencias de la misma en el sentido de derrotar la defensa aérea libia. De otro lado, existen versiones que dan a entender el inicio de una auténtica guerra e insisten en la ofensiva de Gaddafi, esta vez contra la coalición, que supuestamente desplaza la atención antes puesta hacia los rebeldes; sin embargo, a la vez, parece que aumenta la polémica ante el reciente comunicado de alto el fuego por parte del ejército libio. ¿Será esta la estrategia de Gaddafi para que Occidente no tenga excusa para intervenir? Lo cierto es que comparando estos titulares con lo dispuesto en la Resolución de la ONU observamos que todavía no hay datos de que la coalición se esté excediendo en las competencias autorizadas por la ONU. En principio, y salvo que de nuevo el dictador no respete su palabra, el primer objetivo estaría logrado, y es que según últimas informaciones, el Ejército libio ha decretado el alto el fuego, si bien las informaciones se suceden muy rápido y hay datos sobre un nuevo quebrantamiento de este último alto el fuego.
En lo referente a la protección de civiles, yo no sé hasta qué punto este medio de intervención excluye la muerte de civiles inocentes, pues aunque sólo se trate de derribar aviones del ejército libio que sobrevuelen la zona denominada de exclusión aérea, estas explosiones supongo que pueden igualmente causar muertes de civiles inocentes, junto con los lanzamientos de misiles de crucero contra sistemas antimisiles libios, aunque también es cierto que derrotar estas armas de combate del gobierno libio lo excluye de ser utilizado para arremeter contra ``los rebeldes´´. A su vez, la respuesta de Gaddafi a la intervención dificulta mucho esta forma de intervención, pues el fuego antiaéreo contra la coalición dificulta mucho las operaciones y no evita el supuestamente principal propósito de ésta, que es la protección de los civiles. Sabemos que ``Los últimos bombardeos aliados han dejado decenas de tanques, lanzacohetes y otros vehículos militares quemados -algunos ardiendo y con la munición explotando-, y de cadáveres y ha provocado la huida de los leales al dirigente libio. En Tikka, ciudad situada a unos 20 kilómetros de Bengasi en dirección a Adjabiya, la destrucción causada por los bombardeos era manifiesta y se extendía en un radio de varios kilómetros.´´ según fuentes de El Mundo. ¿Podemos decir con esto que estamos evitando un mal menor?
Más allá del análisis de la resolución de la ONU y la información de los hechos narrada por la prensa, la AIE desvela en sus estadísticas la copiosa producción de crudo en Libia. No es baladí que Libia es un país con grandes recursos energéticos, según estadísticas de la AIE, que indican que Libia produce 83.715 toneladas de petróleo crudo a fecha de 2008. [1] ¿Es esto una casualidad? Yo creo que no. En esta línea va, a mi juicio, la denominada Cruzada colonialista de Occidente, pues es normal que al dictador Gaddafi—quien, bajo ningún concepto, creo que tenga excusa alguna para reprimir violentamente a la sociedad del modo que lo está haciendo—piense que Occidente tiene intereses que van más allá de la protección de los civiles libios. A la pregunta sobre si España ha hecho bien en unirse a la intervención militar en Libia, aunque ésta, siendo rigurosos, esté pendiente de la autorización del Congreso, es una cuestión muy opinable. A mi juicio es una cuestión de solidaridad internacional pero no puedo negar que me parezca curioso que en otras ocasiones históricas—a las que he hecho mención anteriormente—la comunidad internacional se haya quedado parada ante masacres del calado de la que está sucediendo en Libia o incluso peores. La política internacional se mueve por intereses geopolíticos, y estos siempre llevan detrás intereses energéticos y comerciales. Con ello no quiere decir que las potencias que se han abstenido no persigan los mismos fines que las que han decidido intervenir, quizá la razón vaya más encaminada a conseguir los mismos fines por diferentes medios. Podríamos decir vulgarmente que países como Alemania han cedido al chantaje libio, cosa que es tan poco elogiable como aquellos que han intervenido en aras de apropiarse de los recursos energéticos libios. Yo creo que no han intervenido porque como saben que las consecuencias pueden ser terroríficas, prefieren asegurarse el petróleo beneficiándose de acuerdos comerciales que Gaddafi les ha prometido; además, por lo que respecta a Alemania, se celebran próximamente elecciones en este país, y los sondeos de opinión pública registran un rechazo profundo en lo referente a la intervención militar en Libia y, por si eso fuera poco, Alemania sabe que formando parte de la Unión Europea, puede estar tranquila sabiendo que sus vecinos europeos se mojarán mientras ella se lava las manos y luego podrá disfrutar de los logros conseguidos, si es que se sucede alguno.
Esta intervención militar puede salirle muy cara a Occidente. Si bien es cierto que varios países del mundo árabe se han unido a la misma, el potencial de defensa de esta región no tiene parangón. Gaddafi ya ha amenazado a la coalición con unirse a Al Qaeda para que los aliados paguen en sangre lo que él considera una injerencia en los asuntos internos de su país. Recordemos que el 11-S y el 11-M, así como los atentados en el metro de Londres, han sido analizados por muchos especialistas y la mayoría, por no decir todos, han llegado a la conclusión de que estos fueron la consecuencia de lo que los islamistas consideraron una amenaza a la propiedad de sus recursos energéticos. Confío en que los gobiernos que ahora están actuando valientemente tengan presente la historia más reciente para que esto no vuelva a suceder, y ello no implica que no sigan actuando para proteger a los civiles que sufran una masacre como la actual. Además del peligro que sufre Occidente en materia de terrorismo islamista, la inmediata consecuencia de este conflicto se va a traducir en una escalada aún mayor en los precios del petróleo ante la detención de las exportaciones por parte de Libia, lo cual supone un abastecimiento menor.
Para concluir, cabe añadir que nada se dice al respecto de la marcha de Gaddafi en la resolución de la ONU; en principio, éste no es el objetivo que persigue la intervención militar, que es única y exclusivamente la protección de los civiles. Este propósito está más que bien, pero es insuficiente, pues Libia necesita unas reformas a las que me remito en mi anterior artículo sobre su sistema político, y no sé todavía el modo a través del cual Gaddafi abandonará el poder, pero desde luego no debería ser a costa de una guerra civil ni internacional, sobre todo, porque nunca hay causas suficientes para librar una guerra.
jueves, 17 de marzo de 2011
Corrupción política en España: ¿el pan de cada día?
Indagando en la página del Congreso de los Diputados (www.congreso.es) he encontrado datos desvelados por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, acerca de la corrupción política en España. Los datos son reveladores: en España existen 730 causas contra cargos públicos por corrupción (594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía). PSOE y PP acumulan 464 del total de las causas; 264 corresponden al PSOE y 200 al PP. Existen más de 66000 concejales y alcaldes implicados; 17 asambleas legislativas autonómicas, además de los órganos centrales del Estado. Todo ello, según el fiscal, no llega al 1% del total de responsables públicos corruptos. A pesar de ser un porcentaje notablemente bajo, los medios de comunicación no dejan de comunicarnos nuevos casos de fraude a manos de la clase política de este país, pero, ¿qué piensa la ciudadanía de la corrupción en España? ¿A qué sectores adjudica la sociedad esta lacra? ¿En qué ámbito sitúa la sociedad la máxima corrupción política? ¿Qué clase de actos corruptos creen los ciudadanos que se cometen más?
Según el estudio nº 2826 del CIS sobre Ética Pública y Corrupción de 2009, sólo el 5.8% de los encuestados piensa que el principal problema que existe actualmente en España es la corrupción. En la pregunta referente a si creen que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en o entre distintos sectores, los resultados son los siguientes:
Como podemos observar, los políticos se llevan la máxima culpa. Una vez que sabemos que los máximos culpables de la corrupción son los políticos, veamos qué piensan los ciudadanos a la hora de distinguir de qué ámbito son los políticos más corruptos:
Observemos que los encuestados atribuyen la máxima culpa a la esfera nacional de la política, más que la esfera local o autonómica, aunque éstas también se llevan altos porcentajes. Según los encuestados, como vemos, la corrupción en la política nacional está ``bastante extendida´´ para un 41.8% de los encuestados.
Tras conocer los datos que desveló el Fiscal General del Estado el pasado 11 de marzo de este mismo año comentados al principio de este artículo, la ciudadanía piensa, según el estudio del CIS en el que nos estamos apoyando, que el Partido Socialista está implicado en muchos casos de corrupción según un 34.6% que indica estar bastante de acuerdo con dicha afirmación. En cambio, y en contra de lo que dicen las cifras, un 46.1% piensa lo mismo del Partido Popular, si bien el Partido Socialista está implicado en más casos de corrupción que el PSOE según los datos ofrecidos por Conde Pumpido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Es cierto que la ventaja que le saca el PSOE al PP en casos de corrupción es poca, pues el PSOE sólo tiene 64 casos más de corrupción que el PP. Pero es curioso cómo la gente piensa que el PP es más corrupto que el PSOE.
Entre las diversas actuaciones que en torno al 70% - 90% de los españoles reconoce que son casos de corrupción y que son:
· ``Que un político/a contrate para trabajar en la Administración Pública a familiares y/o amigos/as cercanos/as suyos/as al margen de su preparación profesional´´ encontramos en el periódico digital elplural.com que en la Diputación de Ourense, la bolsa de empleo se compone prácticamente de militantes populares y sus familiares.[1]
· ``Que un político/a, funcionario/a o empleado/a público/a acepte dinero de una empresa para favorecerla en un concurso de la Administración Pública´´ y ``Que un político/a acepte regalos de valor´´. Son casos en los que el Presidente de la Comunidad Valenciana está implicado. En concreto recibió del Presidente de la empresa Orange Market trajes por importe de 12.783 euros según Garzón, a cambio Francisco Camps facilitaba la concesión de adjudicaciones a Orange Market.
· ``Que un político/a funcionario/a empleado/a público/a reciba dinero por recalificar un terreno´´. En Murcia, concretamente en Cieza, el alcalde, Antonio Tamayo, ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización.
· ``Que un político/a use su coche oficial para sus desplazamientos privados´´. Este es el caso de un alto cargo de la Junta de Andalucía, quien utilizaba su coche oficial para cargar muebles de Ikea e incluso para ir al karaoke.
Vemos que la opinión pública no se equivoca, y es que según los datos del Fiscal General del Estado y según la multitud de casos de los cuales nos informan los medios de comunicación continuamente, tanto los de un bando como de otro cometen actos corruptos, aunque anteriormente sólo hayamos hecho alusión a algunos por motivos de espacio.
Según el informe de la ONG Transparency Internacional respecto al impacto de la corrupción en diferentes sectores e instituciones, los ciudadanos vuelven a otorgar la máxima puntuación a los partidos políticos, en lo referente a corrupción, así, un 4.4% de los encuestados piensa que donde más actos corruptos se registran es entre los partidos políticos. Este porcentaje coincide exactamente con la media de los países de la Unión Europea.
A pesar de que según Conde Pumpido el porcentaje de corrupción en los partidos políticos no supere el 1%, yo no creo que haya que celebrar esta cifra, pues creo que a veces importa menos la cifra que las consecuencias que estas actuaciones puedan tener. Y además, los datos demuestran que la sociedad tiene una muy mala visión de la clase política por culpa de la corrupción que se cierne en sus partidos y esto es preocupante y debería cambiar, porque ello demuestra que la población desconfía de quien debe representar sus intereses, es decir, los partidos políticos.
[1] http://noticias-alternativas.over-blog.es/ext/http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=55936
martes, 15 de marzo de 2011
Del Libro Verde a la verdadera soberanía popular
Los cambios que deberían darse en Libia para que pudiese catalogarse como una verdadera democracia
La preocupación por Libia es máxima. Su dictador, Muammar al-Gaddafi, cuyo nombre completo es Muammar Muhammad Abd as-Salam Abu Minyar al- Gaddafi, gobierna Libia desde que en 1969 derrocara el reinado existente mediante un golpe de Estado. Su forma de gobierno, autoritaria, propia de una dictadura militar, ha provocado multitud de manifestaciones por parte del pueblo para que éste abandone el poder. En respuesta a estas movilizaciones ciudadanas, Gaddafi y los suyos han reprendido las mismas con diversos medios de violencia, llegando a causar en torno a 2000 muertes de civiles inocentes que simplemente se manifestaban exigiendo reformas en este Estado islámico.
Para ahondar más en los hechos les remito a la multitud de noticias al respecto que vienen diariamente en la prensa, la televisión o la radio. Yo pretendo más bien arrojar un poco de luz a todo este embrollo, partiendo de un análisis descriptivo del sistema político vigente hasta la actualidad en Libia y proponiendo las medidas que debería acometer dicho país para que su sistema político pasase de ser una dictadura a una democracia real y palpable. Para ello, abordaremos asuntos claves como la creación de partidos políticos; la celebración de elecciones legislativas generales con el consiguiente sistema electoral y la necesaria separación de poderes; la distribución del poder en el territorio o la conveniencia o no de una constitución escrita.
El sistema político de Libia es un sistema particular no clasificado llamado Jamahiriya, un sistema que combina la religión islámica, el socialismo—aunque sólo de palabra—y la democracia directa, también sólo de palabra. Esta ideología es la que proclama el dictador Gaddafi en su Libro Verde. El coronel libio abrazó sucesivamente una contradicción de ideologías que lo han llevado a apoyar el panarabismo, el anticomunismo y a su vez el prosovietismo, el panislamismo, el intervencionismo belicista y un panafricanismo idealizado y pacificador que le convirtió en el artífice de la Unión Africana.
Creación de partidos políticos
Libia necesita unas reformas que pasan inexorablemente por la creación de partidos políticos que posteriormente creen determinado sistema o sistemas de partidos dentro del Estado libio. Este hecho es necesario para que en este país se dé una verdadera articulación de las opciones políticas que aglutinen y den respuesta a las diversas necesidades e intereses de los libios. En Libia no existen partidos políticos como los conocemos en Europa o Estados Unidos. Libia está compuesta de tribus y dos importantes tribus, incluyendo la más grande del país—Warfalla—acaban de pasarse al lado de los manifestantes. Akram Al-Warfalli, figura destacada de esta tribu dijo a la cadena Al Jazeera: ``le decimos al hermano (Gaddafi) que ya no es un hermano, le decimos que se vaya del país´´. Sin embargo, existe otra tribu, llamada Al-Zuwayya, cuyo líder es el jeque Faraj al Zuway, que amenazó con cortar las exportaciones de petróleo a los países occidentales en 24 horas, a menos que las autoridades detuviesen lo que llamó ``opresión de los manifestantes´´, según la agencia Reuters. Otra de las tribus que no se han sumado a los manifestantes es la del propio Gaddafi, llamada tribu Gadafa. Con ello, observamos que si bien la tribu más grande del país están del lado de los manifestantes, otras tribus como la anteriormente citada, que hacen las veces de ``partidos políticos´´ en el sentido de articular las demandas de los ciudadanos, no están en contra del autoritarismo de Gaddafi, por lo que es difícil que tribus como éstas, que se niegan al reformismo, sean las artífices de un cambio que, sin embargo, está reclamando la mayoría de la población.
Celebración de elecciones legislativas
Para que Libia pudiese catalogarse como una verdadera democracia, una vez acometida la marcha del dictador Gaddafi, el proceso de transición necesario debería pasar por la formación de partidos políticos anteriormente comentada y en virtud de éstos, la celebración de elecciones legislativas generales con sufragio universal libre, igual, directo y secreto. Así como la celebración de los necesarios refrendos, como por ejemplo para la aprobación de una Constitución escrita, tema que abordaremos más adelante. Ante la celebración de elecciones legislativas, se nos plantea la necesidad de determinar un sistema electoral idóneo para este país. El sistema electoral que creo sería el más recomendable para un país como Libia es el mayoritario dentro de un sistema unicameral. La razón de elegir un sistema electoral mayoritario y no uno proporcional radica fundamentalmente en la composición y características demográficas y de articulación territorial del poder en Libia. Libia está compuesta por una sociedad más bien homogénea de baja densidad demográfica y organizada principalmente en torno a la ideología de la religión islámica, siendo una población compuesta por un total de 97% de población musulmana. El hecho es que la religión oficial del Estado actualmente es el Islam y sólo una pequeña parte de la población es católica. Además, el idioma oficial es el árabe, aunque también se habla el bereber y el italiano, debido a su tradición colonial. Todo ello nos indica que estamos lejos de una sociedad fragmentada, ya sea por motivos religiosos, lingüísticos o territoriales, a pesar de que desde 1977 Libia se organizara en 46 municipios y 186 ``unidades administrativas básicas´´, y posteriormente se crearan 26 congresos populares municipales, además de que las competencias de los 19 ministerios que formaran el Comité Popular General (que representa el Poder Ejecutivo) se transfirieron a congresos populares municipales en el año 2000 y con todo y con eso, el poder lo ostenta prácticamente el dictador Gaddafi.
Por todo ello, creo que un sistema mayoritario sería suficiente, al menos en los inicios de la joven democracia, para dar representación a los partidos políticos que se formasen, pues ante la inexperiencia de la práctica democrática, un sistema proporcional complicaría mucho el normal funcionamiento del sistema democrático y no parece indispensable al menos por el momento. Recordemos que Gaddafi no llegó al poder a través de unas elecciones legislativas ni mucho menos, como saben el dictador accedió al poder a través de un golpe de Estado, derrocando al rey existente en el momento y así se ha mantenido en el poder durante nada más y nada menos que 42 años. Ante esta situación, lo más recomendable para una democracia joven es el sistema electoral mayoritario dadas las características y composición demográficas así como la tradicional articulación del poder político sobre el territorio.
Separación de poderes
Para que las reformas anteriores tengan validez es obligatoria la separación de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. En lo que respecta al Poder Legislativo, el sistema unicameral que como su nombre indica está detentado por una única cámara representativa, es idóneo para una población poco densa y homogénea, como es el caso comentado en el anterior apartado relativo a la celebración de elecciones legislativas y el sistema electoral. Es cierto que la población libia pasó de tener cerca de un millón de habitantes al final de la Segunda Guerra Mundial a integrar más de 6 millones en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de haberse multiplicado por seis en este período, la densidad de la población del país es una de las más bajas del mundo, debido a la gran extensión de su territorio. Además, en lo referente a población inmigrante que podría generar fragmentación social o mayor diversidad de intereses, Libia apenas cuenta con un 3% de la población inmigrante. Ni estos datos ni los relativos a religión o a distribución territorial del poder nos indican que Libia sea un país de sociedad fragmentada que necesite una segunda cámara de representación territorial como lo es el Senado en España. Por ello, y dadas las circunstancias vigentes, creo que un poder legislativo unicameral satisfaría con éxito las necesidades de los ciudadanos como medio para hacer realidad las propuestas de las distintas formaciones políticas que se creasen a partir de la transición a la democracia.
En lo concerniente al Poder Ejecutivo, las opciones a adoptar serían bien república parlamentaria, bien república presidencial. En realidad no existe a mi juicio preferencia alguna en torno a la adopción de ambos tipos de ejecutivo. Como saben en el caso de tratarse de un sistema presidencialista habría que elegir en las elecciones presidenciales un Presidente, quien es responsable directamente ante el electorado y un Primer Ministro, designado por éste; en cambio en un sistema parlamentario, el Presidente del Gobierno es responsable frente al Parlamento y es propuesto por el Jefe del Estado, ya sea con poder hereditario—en caso de tratarse de una monarquía—o escogido, en caso de tratarse de una república, como sería el caso de Libia si finalmente adoptase este tipo de ejecutivo. En realidad no hay ninguna característica que haga más o menos recomendable uno de los dos tipos de ejecutivo, lo cierto es que la mayoría de los países ha adoptado una u otra forma por circunstancias históricas y bien podrían servir ambos, elegir un tipo u otro sería muy opinable por lo que me abstengo de realizar este juicio.
División territorial del poder
Aunque ya hemos examinado con anterioridad la división territorial del poder en Libia, recordemos que Libia está organizada en municipios y ``unidades administrativas básicas´´, con sus consiguientes congresos populares municipales a los que fueron transferidas las competencias de los 19 ministerios en el año 2000. Sin embargo, nada de lo que se pretenda hacer desde estas demarcaciones del poder puede acometerse sin el visto bueno del coronel Gaddafi. Por ello, y ante el tipo de sociedad que nos encontramos, la organización territorial del poder más aconsejable para Libia en pro del buen funcionamiento democrático es la unitaria y centralizada, porque no existen de momento características para establecer una descentralización del poder, a no ser que con el tiempo los ciudadanos quisiesen más parcelas de autogobierno en sus territorios, o bien desde el poder central que considerase beneficiosa una descentralización del poder y una transferencia de competencias a los diversos municipios que integran Libia.
Constitución escrita
Libia carece de constitución ni escrita ni no escrita hasta el momento. Se podría decir que el Libro Verde de Gaddafi hace las veces de la constitución del Estado. Lo cierto es que ante la represión ejercida por el coronel y ante su negativa a abandonar un poder que detenta de forma absoluta, se hace indispensable que Libia adopte una Constitución escrita donde los derechos humanos, la separación de poderes y el imperio de la ley hagan de este país el ejemplo de un pacto social consentido y esperado por muchos de sus ciudadanos así como por la comunidad internacional. La preferencia por una constitución escrita a una no escrita, como es el caso de Inglaterra, radica en el pasado autoritario de Libia y la mayor seguridad y compromiso que comporta una Constitución escrita a un Estado que tradicionalmente ha carecido de una norma suprema que haga sentir seguro a un pueblo gobernado democráticamente, dejando constancia por escrito en un código único los derechos y libertades, así como los deberes de los poderes públicos y de los ciudadanos. Más allá de estas cuestiones, en caso de que esta constitución fuese muy garantista, lo ideal sería que fuese más rígida que flexible, ante el miedo a que lleguen al poder personalidades más afines al régimen anterior.
Democracia de mayoría con matices de democracia de consenso
Tras el análisis de todos estos elementos propios de cualquier democracia, nos damos cuenta que Libia sería una democracia de mayoría con matices de democracia de consenso. A excepción de las experiencias de refrendos que es aconsejable para Libia y es propio de una democracia de consenso, así como la recomendada constitución escrita, debido a la fuerte tradición autoritaria carente de separación de poderes, capaz de hacer realidad un marco legislativo supremo inquebrantable por ningún poder del Estado, el resto de características son propias de una democracia de mayoría, a saber: el Poder Legislativo unicameral o cuasi-unicameral, el Poder Ejecutivo de mayoría, gracias al sistema electoral mayoritario. Normalmente se tendería a un sistema bipartidista y hasta sería recomendable la existencia de dos partidos fuertes que articulasen la totalidad de las demandas de los ciudadanos e hiciese más sencillo que las propuestas del partido ganador una vez en el poder saliesen adelante con menos problemas. Dada la composición y características demográficas, el sistema de partidos normalmente sería unidimensional, girando en torno a la religión, aunque sería aconsejable que los partidos políticos evolucionasen hasta formar un sistema de partidos multidimensional que se abriese a encarnar las diferentes opciones que se le pueden ofrecer a una sociedad, como en occidente, donde los partidos se articulan en torno a los cleavages izquierda-derecha; centro-periferia; confesionalidad-aconfesionalidad y/o materialismo-post-materialismo. Por otro lado, y aunque todo está estrechamente relacionado, normalmente esta democracia practicaría un gobierno unitario y centralizado.
Para concluir, cabe decir que todo este abanico de reformas parece utópico a día de hoy; sin embargo, tarde o temprano los países del mundo árabe que, de momento, ya están viviendo una auténtica revolución, tendrán que plantearse todas estas cuestiones, y lo harán, y llegarán a éstas u otras opciones en mayor o menor medida parecidas, pero gracias a la globalización y a los medios de comunicación (a pesar de su censura) sus poblaciones saben que pueden ser gobernados de un modo más libre e igualitario que el actualmente vigente y sólo y gracias a este impulso Libia y otros países como éste llegarán algún día a vivir su propia transición a la democracia, porque como dijo Winston Churchill en la Casa de los Comunes en 1947: la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo.
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